Hasta 1992, se contaba con las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; sin embargo, no eran vinculantes para los Estados, por lo que diversas organizaciones y las mismas personas con discapacidad continuaban en la lucha por contar con un instrumento universal de aplicación obligatoria.
En el marco de la Cumbre Mundial de ONG sobre la Discapacidad en Beijing, diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron la necesidad de que la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad requería de una convención internacional que legalmente obligara a las naciones.
De ese modo, a comienzos del presente siglo, la Asamblea General de la ONU apoyó la propuesta del Estado mexicano, y a través de la resolución 56/168 nombró un comité especial abierto a la participación de todos los Estados Miembros y observadores de las Naciones Unidas, para examinar propuestas relativas a una convención internacional, amplia e integral que promoviera y protegiera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Este tratado internacional representa la consolidación de las demandas históricas de las personas con discapacidad al colocarlas como titulares de derechos, sobre la base de su dignidad, independencia y autonomía.
Estas acciones condujeron al desarrollo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); que se firmó el 30 de marzo de 2007.
Entró en vigor el 3 de mayo de 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Lo anterior ilustra la culminación de cinco años de negociaciones y decenios de lucha por parte de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan.
En suma, la entrada en vigor de la CDPD representa un cambio de paradigma en el trato de las personas con discapacidad, orientada por el modelo social, que reconoce que la discapacidad es generada por los Estados, los gobiernos y las sociedades, al no crear las condiciones adecuadas para incluir, en igualdad de condiciones, a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y sus relaciones.
A nivel nacional, la propia Convención dispone la designación de un Mecanismo institucional que promueva, proteja y supervise la aplicación efectiva del tratado. Es por ello que el 8 de marzo de 2011, en la sesión ordinaria número 227, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó el Área de Atención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Comité sobre los DPCD de la ONU expide una Recomendación a la CNDH y a las 32 OPDH actuar en consecuencia y disponer los recursos necesarios para el establecimiento de metas e indicadores relacionados con la efectiva supervisión, estructura, funciones y actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad.
El 17 de junio del 2016, este Organismo Constitucional Autónomo y los 32 Organismos públicos de derechos (OPDH) del país firmaron el Convenio General de colaboración con el fin de fortalecer la protección, promoción y supervisión de la aplicación de la Convención a nivel nacional.
Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mecanismos. A partir de esta fecha, cada año se llevan a cabo dichos Encuentros en donde se dan cita los Titulares de los OPDH del país y/o sus Enlaces
El 25 de octubre del 2022, el Consejo Consultivo de la CNDH aprueba la modificación a su Reglamento Interno, por lo que se establece el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual estará integrado por un Consejo General, una Comisión de Gobierno y un Comité Técnico de Consulta. Para garantizar su especialización en el ejercicio de sus atribuciones, el Mecanismo es un área independiente de las Visitadurías Generales y cuenta con una Dirección Ejecutiva. (DOF-25/10/22)